La Junta Directiva de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), reunida en Xixona, ha acusado al Gobierno de España de la toma de decisiones sin consenso, sin una mesa real de diálogo social y con imposiciones, lo que pone en peligro la competitividad empresarial. Ante esta situación, los empresarios alicantinos consideran necesario un nuevo marco de diálogo social que parta de los acuerdos previos entre empresarios y sindicatos, antes de llegar a la intervención política. «Lo que reclamamos es una negociación y un diálogo social real al Gobierno, frente a otro tipo de posturas formales, donde el Ejecutivo termina imponiendo decisiones», ha señalado el presidente de UEPAL, César Quintanilla.
Los empresarios pusieron como ejemplos la imposición de la factura electrónica vía VeriFactu; los cambios normativos que se realizan a través de la redacción de los reglamentos de ley; o la falta de flexibilidad del mercado laboral en materia de contratos fijos discontinuos .
«Lo que han expresado los empresarios y empresarias es el temor a los efectos negativos que supondrán determinadas situaciones que entran en funcionamiento en 2026 sin que haya habido un diálogo real entre todas las partes. Estos últimos años el Gobierno siempre se ha sentado con el empresariado para informar de sus decisiones, no para una negociación abierta y sincera. Y nunca ha aceptado la incorporación del criterio del empresariado a sus decisiones previas», un modelo que a juicio de Quintanilla no «beneficia a la economía de nuestro país, y no alienta al tejido empresarial a seguir apostando cuando lo que hay es una gran nube de incertidumbre que genera el Gobierno, cuando su misión es justo la contraria».
Aplazamiento del VeriFactu
El caso que más debate generó en la reunión mensual de UEPAL fue la entrada en vigor de VeriFactu y la factura electrónica que llegará el 1 de enero para algunas empresas y a mitad de años para los autónomos. UEPAL, como ya ha solicitado la CEOE, se suma a su petición de la entrada en vigor y su retraso a 2027 ante la situación que viven empresas como los pequeños comercios. «Son muchas las cuestiones que afectan a nuestro tejido empresarial, especialmente para PYMES y autónomos. Creemos que es necesario avanzar en la factura electrónica, pero hay que pensar en la realidad de cada sector y asegurar un acceso fácil y – sobre todo – que no tenga grandes costes económicos ni de esfuerzo extra en las tareas de gestión que realiza el empresario o su equipo», indicó Quintanilla.
Entre otros temas, los empresarios también expresaron su rechazo al «constante retoque normativo a través del Reglamento de las leyes, lo que genera confusión en los equipos legales de las empresas, puesto que hay situaciones donde el objeto de la ley termina desvirtuado con la aplicación del reglamento».
Además, UEPAL reclamó mayor flexibilidad en el mercado laboral y la reconsideración con nuevas excepciones o cambios, fruto del diálogo social que incluya al empresariado, a la figura del fijo discontinuo. «Sabemos de empresas industriales que en algún momento podría trabajar para terceros, pero que las condiciones de contratación con plantillas fijas discontinuas lo ponen muy difícil, rechazando esos encargos puntuales que exceden la temporalidad marcada por ley para estos contratos laborales», ha señalado el presidente de UEPAL.
Los empresarios alicantinos entienden la configuración del Parlamento español y la necesidad de pactos y acuerdos entre partidos, «pero esa situación no puede ser en contra del tejido productivo, especialmente en provincias como la de Alicante, que tiene una alta concentración de pymes, empresas familiares y autónomos, muy sensibles a determinadas medidas sin debate ni concierto con los afectados».
